La reciente controversia en torno a Mariela Gutiérrez Escalante, senadora del partido Morena, ha escalado más allá del debate público y redes sociales, luego de que autoridades del Estado de México iniciaran una investigación oficial por el presunto sacrificio masivo de perros durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac.
El caso tomó relevancia tras la difusión de un video en el que la ahora legisladora reconoce que, entre 2019 y 2024, su administración llevó a cabo acciones que derivaron en la eutanasia de aproximadamente 10 mil perros en situación de calle. La cifra generó una fuerte reacción entre ciudadanos y colectivos animalistas, quienes cuestionaron tanto la magnitud como las condiciones en las que se realizaron estos procedimientos.
Ante la presión social, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que abrió una carpeta de investigación de oficio, con el objetivo de determinar si existieron actos de maltrato animal o posibles irregularidades en la aplicación de estos programas. La indagatoria busca esclarecer si las acciones se realizaron conforme a la normativa vigente o si se vulneraron disposiciones legales en materia de protección animal.
En respuesta a la polémica, la legisladora ha sostenido que las medidas implementadas durante su administración se realizaron bajo criterios de salud pública y dentro del marco legal. Argumentó que muchos de los animales se encontraban enfermos, en condiciones de abandono o representaban un riesgo para la población, por lo que se optó por la eutanasia como un recurso necesario.
No obstante, organizaciones defensoras de animales han puesto en duda esta versión, al señalar la falta de transparencia en los procesos y la ausencia de estrategias integrales enfocadas en la prevención. Entre las principales críticas destaca la insuficiente implementación de campañas de esterilización, adopción responsable y educación ciudadana, consideradas por especialistas como medidas más efectivas y éticas para el control de la sobrepoblación canina.
Expertos en bienestar animal coinciden en que, si bien la eutanasia puede estar contemplada legalmente en ciertos casos, esta debe ser aplicada únicamente como último recurso y bajo estrictos protocolos. De lo contrario, podría configurarse como un acto de maltrato sancionable por la ley.
El caso ha abierto un debate más amplio sobre la manera en que los gobiernos locales enfrentan el problema del abandono animal en México, así como la necesidad de fortalecer políticas públicas sostenibles que prioricen tanto la salud pública como el respeto a los derechos de los animales.
Mientras avanzan las investigaciones, el tema continúa generando posturas encontradas entre quienes defienden la medida como una acción necesaria y quienes la consideran un reflejo de fallas estructurales en la gestión del bienestar animal.
