Una propuesta de ley presentada por el diputado panista Guillermo Vega Guerrero para tipificar como delito la cobranza extrajudicial ilegal, comúnmente asociada con los préstamos “gota a gota”. La iniciativa contempla penas de 2 a 6 años de prisión y multas de 350 a 500 días de salario, con incrementos en casos donde las víctimas sean menores, adultos mayores o personas vulnerables. El objetivo no es prohibir los créditos, sino erradicar el uso de violencia física o moral en los cobros.
Estos esquemas, que aplican intereses mensuales de entre 20% y 50%, han proliferado en zonas comerciales como mercados y tianguis, atrapando a los deudores en ciclos impagables. En Querétaro y San Juan del Río, comerciantes han denunciado amenazas, agresiones y despojos de bienes como parte de la presión para saldar las deudas. El fenómeno, identificado en seis estados del país, registra su mayor incidencia en la Ciudad de México y Estado de México, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.
La iniciativa también contempla sanciones más severas si se confirma la participación de organizaciones criminales, incluidas bandas extranjeras. Además, permitiría la deportación de personas foráneas involucradas en estos delitos, fortaleciendo así las herramientas legales para frenar esta práctica que afecta a quienes carecen de acceso al sistema bancario.
