Querétaro, Qro.— El Sindicato de la Industria Alimenticia en Querétaro (SIA), que agrupa a más de 10 mil trabajadores en la entidad, presentó una queja en contra de la empresa Freixenet de México y solicitó la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La medida responde a preocupaciones sobre violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva, lo que, según el sindicato, afecta directamente a los trabajadores y cuestiona el cumplimiento de los estándares laborales nacionales e internacionales.
De acuerdo con la denuncia, la compañía —con más de 40 años de operaciones en México y dedicada a la elaboración de vinos espumosos y de mesa— ha incurrido en despidos injustificados de al menos 15 empleados y en presiones para que los trabajadores se afilien al sindicato “blanco” vinculado a la CROC, a quien se le permite acceso a las instalaciones, contraviniendo el principio de no injerencia sindical.
El SIA también acusó que Freixenet mantiene salarios mínimos para su plantilla pese a su presencia global y capacidad económica. Asimismo, señalaron que la empresa ha operado bajo un contrato colectivo de protección con la CROC, lo que ha limitado la representación auténtica de los trabajadores, pues no se consultan incrementos salariales ni prestaciones, y los empleados desconocen a sus dirigentes sindicales.
“Estas prácticas representan un incumplimiento claro de la reforma laboral de 2019, de los compromisos del capítulo 23 del T-MEC y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), socavando los avances en materia de derechos laborales y equidad en el sector”, afirmó el sindicato en un comunicado.
El SIA subrayó que la activación del mecanismo busca garantizar la libertad sindical y condiciones laborales justas, además de instar a la empresa a rectificar las irregularidades y sumarse a un proceso de diálogo constructivo.
Conforme al procedimiento, el gobierno de Estados Unidos tiene 30 días naturales para determinar si admite la queja con base en la información y evidencias presentadas; en caso de ser aceptada, notificará al gobierno de México para que analice el expediente.
